Isabel Alba publicado en Rebelión
Estos días políticos y periodistas han invocado sin cesar la ley para descalificar la acción realizada por el SAT en Carrefour y Mercadona. Se ha afirmado, incluso desde algunos sectores de la izquierda, que entrar en un supermercado y llevarse comida para las personas necesitadas no era legal y que por lo tanto era reprobable. Todas estas indignadas declaraciones olvidan que, en efecto, un acto es legal o no si se ajusta o no a la ley, pero un acto es legítimo si es conforme a la justicia. De este modo, un acto puede ser legal, pero injusto y por ello ilegítimo y puede ser justo y legítimo, pero no estar conforme con la ley. Las leyes las hacen personas, y pueden hacerlas al servicio del bien común, o al servicio de los intereses egoístas de unos pocos.
No cabe duda de que unas leyes hechas a decretazos al amparo de una mayoría absoluta parlamentaria, que no real, y que en pocos meses han acabado con los derechos de la mayoría de los ciudadanos arrojando a la miseria, entre otros, al 26% de los niños –según datos de UNICEF-, son sin lugar a dudas injustas y, por tanto ilegítimas. Frente a unas leyes injustas e ilegítimas, que privan a la ciudadanía de derechos básicos como la atención médica, la vivienda, la educación o el trabajo, mientras enriquecen más y más a unos pocos, nuestra obligación es desobedecer. Ha sido siempre así.
A lo largo de los siglos el poder dominante ha hecho leyes a su medida, y también a lo largo de los siglos mujeres y hombres conscientes de su injusticia, las han trasgredido -arriesgando en muchos casos incluso sus vidas- hasta lograr cambiarlas. Robar comida no es legal, pero es una acción legítima si el robo permite comer a familias enteras a las que unas leyes injustas les han quitado casa, pan y trabajo. Tampoco es legal ocupar tierras, no obstante es absolutamente legítimo hacerlo cuando esas tierras están sin cultivar y pueden dar trabajo y alimentos a miles de personas. Igualmente es legítimo que los médicos, de acuerdo con su código ético, se nieguen a cumplir una ley a todas luces injusta y cruel que condena a miles de inmigrantes a no tener derecho a recibir atención sanitaria. Hasta el momento, han objetado mil médicos. Imaginemos lo que sucedería si todos los médicos se negaran a cumplir una ley que va en contra del código
deontológico de su profesión. O si ocupáramos todos los pisos vacíos, todas las tierras sin cultivar.
O si dejáramos de pagar las tarifas abusivas y arbitrarias de la energía, de los transportes. O si nos negásemos, todas y todos, al copago farmacéutico.
Como ha dicho Sanchez Gordillo, “el miedo que tienen es que estamos señalando el camino”. En efecto, además de las movilizaciones en la calle, es innegable que la desobediencia es el camino. El contrario, el de la obediencia ciega a la ley, sea ésta justa o injusta, legítima o ilegítima, el del colaboracionismo con la dictadura del capital, solo puede, en estos momentos, como en otros muchos del pasado, tener dramáticas consecuencias para todos.
Estos días políticos y periodistas han invocado sin cesar la ley para descalificar la acción realizada por el SAT en Carrefour y Mercadona. Se ha afirmado, incluso desde algunos sectores de la izquierda, que entrar en un supermercado y llevarse comida para las personas necesitadas no era legal y que por lo tanto era reprobable. Todas estas indignadas declaraciones olvidan que, en efecto, un acto es legal o no si se ajusta o no a la ley, pero un acto es legítimo si es conforme a la justicia. De este modo, un acto puede ser legal, pero injusto y por ello ilegítimo y puede ser justo y legítimo, pero no estar conforme con la ley. Las leyes las hacen personas, y pueden hacerlas al servicio del bien común, o al servicio de los intereses egoístas de unos pocos.No cabe duda de que unas leyes hechas a decretazos al amparo de una mayoría absoluta parlamentaria, que no real, y que en pocos meses han acabado con los derechos de la mayoría de los ciudadanos arrojando a la miseria, entre otros, al 26% de los niños –según datos de UNICEF-, son sin lugar a dudas injustas y, por tanto ilegítimas. Frente a unas leyes injustas e ilegítimas, que privan a la ciudadanía de derechos básicos como la atención médica, la vivienda, la educación o el trabajo, mientras enriquecen más y más a unos pocos, nuestra obligación es desobedecer. Ha sido siempre así.
A lo largo de los siglos el poder dominante ha hecho leyes a su medida, y también a lo largo de los siglos mujeres y hombres conscientes de su injusticia, las han trasgredido -arriesgando en muchos casos incluso sus vidas- hasta lograr cambiarlas. Robar comida no es legal, pero es una acción legítima si el robo permite comer a familias enteras a las que unas leyes injustas les han quitado casa, pan y trabajo. Tampoco es legal ocupar tierras, no obstante es absolutamente legítimo hacerlo cuando esas tierras están sin cultivar y pueden dar trabajo y alimentos a miles de personas. Igualmente es legítimo que los médicos, de acuerdo con su código ético, se nieguen a cumplir una ley a todas luces injusta y cruel que condena a miles de inmigrantes a no tener derecho a recibir atención sanitaria. Hasta el momento, han objetado mil médicos. Imaginemos lo que sucedería si todos los médicos se negaran a cumplir una ley que va en contra del códigodeontológico de su profesión. O si ocupáramos todos los pisos vacíos, todas las tierras sin cultivar.
O si dejáramos de pagar las tarifas abusivas y arbitrarias de la energía, de los transportes. O si nos negásemos, todas y todos, al copago farmacéutico.
Como ha dicho Sanchez Gordillo, “el miedo que tienen es que estamos señalando el camino”. En efecto, además de las movilizaciones en la calle, es innegable que la desobediencia es el camino. El contrario, el de la obediencia ciega a la ley, sea ésta justa o injusta, legítima o ilegítima, el del colaboracionismo con la dictadura del capital, solo puede, en estos momentos, como en otros muchos del pasado, tener dramáticas consecuencias para todos.
VIA: Isabel Alba publicado en Rebelión,
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